El derecho a la vida es lo más protegido por la Constitución y las leyes. No se puede permitir que nadie, mucho menos los operadores de justicia, negocien sobre la muerte de una persona. Si el fallo de los jueces genera sospechas, el Jurado tiene la obligación de indagar.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, presidido por el diputado liberal Rodrigo Blanco, la semana pasada rechazó la apertura de una investigación preliminar a los jueces de Ciudad del Este, Emilia Santos, Flavia Recalde Silva y Milciades Ovelar Escobar, que condenaron a Anderson González Ocampos a la leve pena de 15 años de cárcel por el homicidio de su exnovia Antonia Noemí Sosa.
El hecho es sumamente grave, así como lo expuso y lo entendió el senador Ramón Retamozo, quien planteó la apertura de una investigación preliminar. El legislador explicó que no se puede esperar el fallo de la Cámara de Apelación, que analiza la sentencia de primera instancia, para indagar a los magistrados, ya que existe un vídeo de circuito cerrado que grabó el crimen de la joven de 17 años.
“Cuando salió la sentencia los medios se hicieron eco y hay una filmación grave, en el momento en que se produjo el hecho, cuando el joven estaba encarando a su pareja, de 17 años, en donde le exigía que le entregara su celular. La pareja se opuso, entonces el joven entró en la pieza y trajo un arma apuntándole a su víctima a la cabeza. Ni siquiera hubo un pequeño forcejeo entre las partes y la joven recibió un disparo. Se comprueba fehacientemente que fue un feminicidio”, manifestó Retamozo para solicitar la apertura de la investigación preliminar. Sin embargo, el legislador solo tuvo el...
En este caso, estamos ante un homicidio (agravado) o feminicidio, en donde una persona joven, humilde, murió a causa del disparo de un arma de fuego ejecutado por su expareja.
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