Funcionarios del Senasa y administradores de Juntas de Saneamiento se oponen a un proyecto de ley que pretende derogar la Ley 369/72, que rige a las mismas. De aprobarse el proyecto pasarán a pertenecer a la cartera de Obras Públicas y ya no a Salud.
Un grupo de funcionarios del Servicio de Saneamiento Ambiental (Senasa) y representantes de Juntas de Saneamiento se movilizaron esta mañana frente a los ministerios de Salud Pública y el Ministerio de Obras Públicas en protesta por el proyecto de ley que pretende anexarlos a la Dirección de Agua y Saneamiento (Dapsan), dependiente del Ministerio de Públicas y Comunicaciones (MOPC).
El proyecto se presentó la semana pasada al Parlamento para su estudio correspondiente y fue girado a comisión.
Los funcionarios y representantes de las proveedoras de agua potable en localidades del interior se oponen al proyecto de ley porque consideran una amenaza dado que están regidas por la Ley 369/72, que si se aprueba el proyecto de ley quedará derogada.
Nosotros creemos que el sector necesita una reorganización, pero no de esta manera puesto que todo proyecto debe estar consensuado, y este no fue consultado a la institución, señaló Sara López, titular del Senasa.
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