Pasan los meses y las personas afectadas por la denominada mafia de los pagarés siguen sin hallar justicia. Ciertamente, la Justicia ha dado algunos pasos, aunque falta contundencia para detener el gran perjuicio hacia las víctimas. Mientras van apareciendo nuevas formas de estafa, las víctimas siguen esperando a que el sistema haga justicia. Para este esquema de estafas es una situación casi de impunidad asegurada, pues las víctimas al no contar con recursos económicos, ya que sistemáticamente les están siendo descontados montos de sus salarios y pensiones y a la vez pone a las empresas que forman parte del esquema en una situación privilegiada para seguir ganando juicios. La denominada mafia de los pagarés constituye un entramado de ilegalidad que tiene décadas, pero recién hace dos años a partir de una denuncia que comenzó a hacerse pública la situación y a develarse el alcance y la profundidad de esta irregular situación, desde entonces no han parado de aparecer denuncias de personas perjudicadas por el esquema de estafa. Es mucho todavía lo que el sistema de Justicia debe resarcir a las personas afectadas. Las víctimas no son una anécdota más, son paraguayos y paraguayas que merecen justicia y reparación.
Pasan los meses y las personas afectadas por la denominada mafia de los pagarés siguen sin hallar justicia. Ciertamente, la Justicia ha dado algunos pasos, aunque falta contundencia para detener el gran perjuicio hacia las víctimas. Mientras van apareciendo nuevas formas de estafa, las víctimas siguen esperando a que el sistema haga justicia.
El caso conocido como el de la mafia de los pagarés, además de ser un escándalo, ha exhibido el peor rostro de nuestro sistema de Justicia.
De acuerdo con el informe de la Comisión Especial del Congreso, fueron analizados cerca de seis mil casos y solo el 13% de las personas afectadas reside en Asunción, mientras que el 87% proviene del interior del país y, sin embargo, la mayoría de los juicios se concentran en el área metropolitana.
Esto, sin duda, implica una enorme dificultad para los afectados que viven lejos de la capital. Y como dijera el senador Rafael Filizzola, titular de la Comisión, “estamos hablando de centenares de millones de dólares embargados; es un esquema que impide que las personas puedan defenderse”.
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