La repartija de millonarios fondos del Indert a dudosas ONG para sistemas de agua potable inconclusos o deficientes es un caso casi calcado del despilfarro registrado en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Una de las pocas diferencias es que el titular del ente agrario es colorado y no ha sido imputado, mientras que dos exministros liberales están a punto de llegar a juicio oral.
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, hasta el momento no ha sido imputado en ninguna de las causas que investiga la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía, pese a estar directamente relacionado a casos denunciados por lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y otros probables delitos.
En una de las dos causas sobre los sistemas de agua potable, que lleva el fiscal Luis Piñánez, la investigación aún está en etapa incipiente, según lo explicado ayer por el agente del Ministerio Público. Se están solicitando informes tanto al Indert como a Hacienda y se sumaron a la carpeta otros dos expedientes que guardan relación con ONG fantasmas, informó a nuestro diario.
No obstante, aclaró que no se descartan más procedimientos, como por ejemplo constituciones en las entidades involucradas, con el fin de reunir elementos para averiguar si hubo perjuicio patrimonial por obras deficientes, inconclusas o inexistentes.
En este caso, el Indert adjudicó G. 117.138 millones a dudosas ONGs, que a su vez subcontrataron a firmas de políticos y amigos del Gobierno de Horacio Cartes, según se pudo verificar a través de investigaciones periodísticas. Se eludió la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, que obligaría a procesos de licitación o concursos de ofertas que tienen controles más rígidos, y se prefirió apelar a las transferencias directas del rubro 800, cuyas lagunas permiten todo lo que ha sido cuestionado y comprobado en el “negocio” de los pozos.
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