De acuerdo con la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), existen 50.000 agricultores que deben acogerse a la ley de emergencia. En los próximos cinco días confeccionarán la lista, a pedido del Gobierno.
Explicó que cada base zonal de la CNI recabará los datos durante los próximos días. Uno de los sectores más afectados son los cañicultores, que suman 13.000. El resto son productores frutihortícolas y de otros rubros, señaló.
Mañana se cumple además el plazo de una semana que dieron al Gobierno para que se inicie la aplicación de la ley. "Si no se cumple, más gente va a salir a movilizarse", advirtió el dirigente. Recordó que el plan es ocupar instituciones del Estado del interior del país que guarden relación con la emergencia, como el MAG, el Indert, la Senavitat, el BNF, el Crédito Agrícola, entre otros.
Núñez se refirió de forma particular a lo que implica realmente una emergencia. Dijo que mientras dure ese periodo, que es de 180 días según la ley, los afectados no están en condiciones de pagar sus cuentas. "Al aprobar la ley de emergencia, el Gobierno reconoce esta situación de insolvencia", señaló.
Durante esos seis meses de emergencia, esperan recuperarse de la difícil situación y estar en condiciones de pagar sus obligaciones. Caso contrario, no se descarta volver a hacer un proyecto de condonación de deudas privadas, dijo Núñez.
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