El reciente brutal asesinato del intendente municipal de Bella Vista Norte, en manos de sicarios fronterizos, es otra muestra de la creciente impunidad con que operan las mafias del narcotráfico en la región. El caso ha vuelto a poner sobre el tapete una grave situación pendiente: la apropiación ilegal de más de 220.000 hectáreas de tierras del Indert, que habían sido expropiadas para la reforma agraria, actualmente en manos de políticos, ganaderos, empresarios brasileños y mafiosos, convirtiendo la zona de Antebi Cué en un reducto del narcotráfico. El Estado debe volver a marcar presencia en ese territorio sin ley.
Con el asesinato de Miguel Louteiro Echeverría, intendente municipal de la ciudad de Bella Vista, en el Departamento de Amambay, llegan a más de una decena las autoridades regionales y dirigentes políticos que han sido asesinados por sicarios o que han sido víctimas de atentados en el Norte del país.
Como en el caso del intendente de Tacuatí, Ramón Carrillo, asesinado en abril de este año, en Bella Vista también se deberá convocar a nuevas elecciones para sustituir al jefe comunal ajusticiado. Lo terrible es que estas situaciones ya se van tomando como habituales en la región, cuando siempre debería ser motivo de escándalo que se arranque arbitrariamente la vida de cualquier ser humano, y más aún cuando este hecho criminal afecta a toda una comunidad.
Mas allá de los elementos que revelen la investigación fiscal y policial acerca de las motivaciones tras el asesinato del intendente de Bella Vista, es evidente su relación con el ambiente de criminalidad mafiosa que se ha instalado en la región, especialmente en torno al floreciente negocio ilícito del narcotráfico, estrechamente vinculado a la política, y que cada vez cobra muertes más violentas entre los pobladores.
El crimen de Miguel Louterio trae además al tapete una grave situación de ilegalidad que en los últimos años ha permanecido silenciado, y que tiene que ver con el destino final de más de 220.000 hectáreas de tierras que pertenecieron al empresario Roberto Antebi y que fueron expropiadas por el Estado paraguayo en 1995, para ser destinados a campesinos sin tierras, en el marco de la reforma agraria.
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