Incautaciones récord en Amberes, más tiroteos en Bruselas y amenazas a jueces reavivan el temor a un “narcoestado” en Bélgica.
Una carta abierta de una jueza de instrucción reactivó un debate que Bélgica arrastra: ¿está el país en vías de convertirse en un narcoestado? La advertencia salió de Amberes y se extendió a Bruselas, con tiroteos en la crónica diaria. El cuadro: políticos amenazados, jueces intimidados, explosiones y una economía ilegal en crecimiento.
En el 2023, el puerto de Amberes registró un récord de 116 toneladas de cocaína incautadas. En la región de Bruselas, los tiroteos vinculados al tráfico de drogas pasaron de 62 en el 2023 a 92 en el 2024, con nueve muertos y 48 heridos, según la fiscalía. La Policía Federal destinó en el 2024 alrededor del 22% de su capacidad de investigación a delitos de estupefacientes, abriendo 695 causas de un total de 3.920. La capital registró además una tasa de homicidios intencionales de 3,19 por cada 100.000 habitantes en el 2023, la segunda más alta de la UE.
El poder judicial acusa el golpe. La magistrada que encendió la alarma dijo haber pasado cuatro meses escondida y bajo vigilancia por su trabajo; en el 2022, el entonces ministro de Justicia, Vincent van Quickenborne, fue trasladado a una dirección secreta por amenazas. “Afrontamos una amenaza organizada que mina nuestras instituciones”, resume la carta difundida en el portal oficial de tribunales. La comisionada federal antidrogas, Ine van Wymersch, alerta sobre redes que presionan a policías y fiscales y erosionan el Estado de derecho.
¿Es correcto hablar de “narcoestado”? Criminólogos recuerdan que el término exige, a la vez, corrupción sistémica en altos niveles, violencia que cuestione el monopolio estatal de la fuerza y control mafioso de porciones significativas de la economía legal. Bélgica muestra señales preocupantes —corrupción que permea, intimidación a operadores judiciales, violencia selectiva—, pero no cumple de forma plena ese triple criterio. Otros investigadores matizan: no hay colapso institucional, pero sí una peligrosa “normalización” de patrones criminales.
Leer la nota completa en La Tribuna
