Con ello afirman que el laudo presentado por Villamayor y Coscia no es instrumento hábil para su ejecución en el caso, por cuanto no se ha realizado procedimiento de reconocimiento contemplado en los artículos 45, 48 y sus concordantes de la Ley Nº1879/2002 “De arbitraje y mediación”.
El escrito prosigue señalando que “deviniendo en consecuencia que corresponde que el Juzgado interviniente rechace la ejecución según contempla el Código Procesal Civil, artículo 528, segundo párrafo”.
Todo es por el reclamo del ministro del Interior de G. 2.656.502.011 y del procurador, G. 1.328.251.006, que solicitaron a la jueza del fuero civil Judith Gauto a que intime a la Comuna a pagar y al mismo tiempo disponer el embargo preventivo.
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