El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) sigue haciendo alarde de los más de 23.000 “certificados de adjudicación” repartidos a lo largo del país en los últimos años. Sin embargo, entregaron menos de 600 títulos de propiedad.
Esta mañana, el presidente del Indert, Justo Cárdenas, entregó 64 títulos de propiedad a beneficiarios de la colonia Ara Pyahú, de los distritos de Yrybucua y Capiibary (San Pedro), acompañado del coordinador del catastro rural denominado Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), el señor Hugo Jiménez Recalde.
“El instituto, a través del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), llevó a cabo una labor de campo que permitió la formalización de tierras en las distintas colonias del país. Estas entregas se vienen realizando semanalmente tanto en el local central del ente como en las distintas comunidades del interior”, señala la nota de prensa difundida por el ente.
Sin embargo, lo que continuamente entrega el instituto rural son “certificados de adjudicación”, unos cartones sin valor jurídico que se suelen repartir en rimbombantes actos públicos y que son cuestionados por campesinos y hasta por funcionarios del Indert. No obstante, Cárdenas ha defendido estos certificados explicando que están basados en resoluciones de adjudicación que sí tienen un asidero legal, al identificar a los beneficiarios de lotes fiscales y los datos de sus respectivas propiedades rurales.
No obstante, esas adjudicaciones no se constituyen en títulos de propiedad, sino apenas es el primer paso para obtenerlos. Los sindicatos Sintibir y Sintra del ente agrario sostienen que con esos “certificados”, los campesinos no logran obtener créditos de entidades financieras ni tampoco pueden recibir muchos de los programas estatales, ya que las tierras aún no son efectivamente suyas.
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