Tras causar incomodidad y enfado a la ciudadanía en general, e ingentes perjuicios a los frentistas en particular por casi tres años, finalmente la empresa portuguesa contratista, Mota-Engil, ha decidido dar la cara denunciando implícitamente su virtual contubernio con concusionarios del MOPC y el representante del BID residente hasta hace poco en Asunción, el brasileño Eduardo Almeida, en la implementación del proyecto metrobús. Al menos, eso es lo que inequívocamente se desprende del extenso comunicado a la opinión pública emitido por la empresa a los efectos de supuestamente deslindar cualquier responsabilidad de su parte en cuanto a la desastrosa ejecución de los trabajos en la vía pública que hasta la fecha ha ocasionado enormes daños económicos a la gente que tiene sus viviendas y locales comerciales a la vera de las avenidas afectadas por los trabajos. Acertadamente, el presidente Mario Abdo Benítez señaló que, aparte de solucionar el desastre ambiental causado por las obras inconclusas y dar un corte final al problema contractual con la empresa contratista, la prioridad del Gobierno es investigar la administración del proyecto para dar con los responsables del daño ocasionado al Estado.
Tras causar incomodidad y enfado a la ciudadanía en general, e ingentes perjuicios a los frentistas en particular por casi tres años, finalmente la empresa portuguesa contratista, Mota-Engil, ha decidido dar la cara denunciando implícitamente su virtual contubernio con concusionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) residente hasta hace poco en el país, el brasileño Eduardo Almeida, en la implementación del proyecto metrobús.
Al menos, eso es lo que inequívocamente se desprende del extenso comunicado a la opinión pública emitido por la empresa en espacio reservado de un diario capitalino ayer lunes, a los efectos de supuestamente deslindar cualquier responsabilidad de su parte en cuanto a la desastrosa ejecución de los trabajos en la vía pública que hasta la fecha ha ocasionado enormes daños económicos a la gente que tiene sus viviendas y locales comerciales a la vera de las avenidas afectadas por los trabajos.
En su descargo “ex post facto”, Mota-Engil pone al descubierto el mecanismo articulado por la tríada de actores centrales para robar impunemente al Estado. La métrica del fraude utilizada por los ladrones era muy expeditiva: las autoridades del MOPC con vela en el entierro demoraban intencionalmente en formalizar la liberación y entrega al contratista en tiempo contractualmente útil las parcelas de terreno (privadas o públicas) a ser afectadas por los trabajos de construcción. Al respecto, la pertinente cláusula contractual dice: “Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algún...
Vía esta artimaña burocrática fraudulenta es que, en los meses finales de la gestión del ministro Ramón Jiménez Gaona, el MOPC le reconoció a Mota-Engil un sobrecosto de contrato de 34,4 por ciento, con lo que el costo de la obra trepó de G. 300.417 millones a G. 403.900 millones. Concomitantemente, el consorcio fiscalizador contratado por el MOPC para fiscalizar los trabajos recibió por cuerda separada un aumento de 33 por ciento, con lo que su contrato pasó de G. 16.320 millones a G. 21.638 millones. Detalle no menor que hace sospechar que el citado consorcio también formaba parte de la...
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