Entre las medidas anunciadas por el flamante presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Luis María Benítez Riera, para combatir la mora judicial, se debería incluir una auditoría a las salas de la propia máxima instancia judicial, donde varios expedientes se encuentran estancados hace años. El caso del exgobernador de Presidente Hayes Eugenio Escobar Cattebeke, condenado por un desvío de unos G. 1.300 millones, es uno de ellos.
Ante las críticas derivadas del oparei (quedar en la nada) de distintos procesos por mora, cada año vemos que la Corte Suprema implementa e intensifica los controles en instancias inferiores, es decir, juzgados de primera instancia y Tribunales de Apelación.
Así las cosas, la auditoría en dichas instancias, con control de expedientes y del plazo de resolución de los distintos recursos planteados, así como exigencias de sanción para los responsables se han convertido en una constante.
Llamativamente, en ningún momento dichos controles se han utilizado para verificar “cómo andamos por casa” –es decir, en la Corte–, y podemos asegurar que el día en que se decidan a hacerlo, se van a encontrar con grandes sorpresas.
Una auditoría podría, por ejemplo, revelar que la falta de resolución de una acción de inconstitucionalidad promovida en octubre del 2013 por el exgobernador de Presidente Hayes, Eugenio Escobar Cattebeke, impide que el político colorado cumpla la condena de 2 años y 6 meses que se le impuso por desvío de recursos destinados al programa vaso de leche, obras viales y asistencia a comunidades indígenas.
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