El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) contrató a la empresa Ramón C. Álvarez SA, de Uruguay, para una obra de US$ 65 millones, pese a los antecedentes de incumplimientos que la firma tiene en su país. Publicaciones de periódicos uruguayos dan cuenta de los numerosos cuestionamientos hacia la compañía, que consorciada con la paraguaya CDD Construcciones, obtuvo una millonaria adjudicación para rehabilitar y pavimentar el tramo San Juan Nepomuceno-Ruta 6.
La Colonia Digital, de Uruguay, publicó el 5 de mayo de este año un artículo sobre una “propuesta de entendimiento” presentada por Ramón Álvarez SA al ejecutivo comunal de Colonia, tras cuestionamientos de la Junta hacia su trabajo, sobre “la multiplicidad de obras de dudosa calidad” y las dudas de la legitimidad de la deuda a la constructora.
Pero las críticas se arrastran desde hace años. El 6 de abril de 2016, el portal Maldonado Noticias hacía referencia a un contrato rescindido por parte de la Municipalidad de Maldonado a la empresa en cuestión, que era concesionaria de los servicios de recolección de residuos domiciliarios. “Ramón C. Alvarez, una empresa conflictiva y sus negocios con el Estado” es el título de otro artículo, de El Espectador, fechado el 24 de abril de 2015, que menciona “una multitud de irregularidades” descubierta por una comisión investigadora y ratificada por un Tribunal de Cuentas.
“Pero en los últimos años algunos de sus dudosos negocios comienzan a aparecer en los informes y auditorías del Tribunal de Cuentas”, menciona el diario digital Brecha, del 26 de noviembre de 2014. Un año antes, el 8 de noviembre de 2013, el diario Norte publicaba que la Junta Departamental de Rivera requería “la intervención del Tribunal de Cuentas para auditar los contratos donde intervenga la Empresa Ramón C. Álvarez SA”.
En lo que respecta a Paraguay, la licitación del MOPC que terminó con la adjudicación a esta empresa fue denunciada esta semana ante la Fiscalía, por supuesta lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos públicos de contenido falso y otros delitos.
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