Mientras no firme el contrato para la operación de 13 puestos de peaje, el Ministerio de Obras Públicas está a tiempo de cancelar la adjudicación, sin incurrir en responsabilidad, según la Ley de Contrataciones Públicas. La adjudicación en cuestión se hizo a favor de un consorcio integrado por una empresa que mintió en su oferta durante la evaluación.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sigue aguardando un informe de la Cancillería Nacional sobre la empresa uruguaya Ramón C. Álvarez, que, consorciada con la paraguaya CDD (César Daniel Delgado) fue adjudicada para la operación de 13 peajes en las rutas del país. Sobre la empresa uruguaya existen indicios de que presentó documentos falsos para acreditar su experiencia. El informe que se aguarda de Cancillería es justamente por esa sospecha.
Fuentes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas advirtieron que la cancelación de esta licitación puede hacerse sin aguardar ese informe, puesto que la ley le da el derecho a la entidad contratante a cancelar sus licitaciones en cualquier etapa del proceso antes de la firma del contrato. Así lo establece el artículo 31 de la Ley 2051.
El grupo adjudicatario no presentó la mejor oferta, sino que se ubicó en segundo lugar, ofreciendo cobrar G. 42.617.155.425.
Ramón C. Álvarez SA es la misma empresa que resultó adjudicada en una licitación que motivó una denuncia penal contra las autoridades del MOPC.
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