Más abogado de Sacyr que defensor de los intereses del Estado, el MOPC, cuyo titular es Ramón Jiménez Gaona, emitió ayer un desopilante comunicado en el que admite los líos que tiene la empresa en otros países, reconoce las sentencias incluso, y aún así la defiende para seguir otorgándole contratos de 30 años.
En un intento por dispersar la responsabilidad penal de funcionarios como Dionisio Mereles y Claudia Centurión en la producción de documentos públicos con contenido falso, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) afirmó ayer en un comunicado que la adjudicación de las rutas 2 y 7 se hizo con base en las recomendaciones de varias instituciones, entre ellas Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificación y la Procuraduría.
Fue después de que se publicara parte del dictamen en el que el asesor jurídico, Mereles, afirma que Sacyr “no tiene acciones en Murcia”, cuando este hecho fue asumido por los propios representantes de la empresa.
En el comunicado de referencia el MOPC menciona que el dictamen de Mereles, con el que justifican la intención de adjudicar a toda costa el aeropuerto también a Sacyr, fue solicitado por Claudia Centurión, seriamente comprometida en todo este proceso.
Aunque a su vez, en el mismo texto, reconoce que “la Dirección Jurídica del MOPC no forma parte de la Comisión de Evaluación”.
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