El Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia de la Capital rechazó la recusación planteada por Fernando Román Fernández, quien, bajo patrocinio del abogado Dionisio Gavilán Giménez, había solicitado el apartamiento del juez penal de garantías Mirko Óscar Valinotti Galeano, en la causa en la que se investiga una millonaria estafa atribuida a los exintegrantes […]
El Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia de la Capital rechazó la recusación planteada por Fernando Román Fernández, quien, bajo patrocinio del abogado Dionisio Gavilán Giménez, había solicitado el apartamiento del juez penal de garantías Mirko Óscar Valinotti Galeano, en la causa en la que se investiga una millonaria estafa atribuida a los exintegrantes del directorio del Grupo Mocipar. Además, advirtió al acusado Fernando Román Fernández que, en caso de insistir con incidentes dilatorios, podrá ser sancionado por mala fe procesal.
En este proceso, Fernández y el exministro del MUVH, Dany Edgar Xavier Durand Espínola enfrentan acusaciones por parte de la fiscal Patricia Sánchez Saldívar, quien los responsabiliza de haber liderado un esquema fraudulento que operó entre los años 2011 y 2018, afectando a cientos de personas. Entre las víctimas figura Carmen Celeste Coronel Caballero, quien formalizó la denuncia y figura como querellante en la causa.
La recusación presentada por Fernández sostenía que existía una «marcada duda» sobre la imparcialidad e independencia del juez Valinotti, alegando que sus decisiones no reflejaban apego a la ley ni a los hechos del proceso. Según el planteamiento, el magistrado actuaba bajo la presión de factores externos, como la opinión pública y los medios de comunicación, lo que supuestamente comprometía su neutralidad.
El recusante también alegó que se encontraba sometido a múltiples procesos judiciales que, según él, surgían de los mismos hechos, lo que configuraba una supuesta “persecución penal arbitraria” y un abuso del poder estatal. Asimismo, denunció la supuesta falta de control en las etapas procesales previas, lo que, según su argumento, vulneraba sus derechos fundamentales y el principio del debido proceso.
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