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MNP exige esclarecer muertes en Yhapo y cuestiona uso de la fuerza por parte de la Senad

MNP exige esclarecer muertes en Yhapo y cuestiona uso de la fuerza por parte de la Senad

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura pidió una investigación independiente y bajo estándares de derechos humanos sobre el operativo que terminó con la muerte de dos integrantes de la comunidad indígena Yhapo 4, en Canindeyú. El organismo también puso en duda la legalidad y proporcionalidad de las funciones de seguridad ejercidas por la Senad.

El operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que terminó con la muerte de dos hombres en la comunidad indígena Yhapo 4, en Canindeyú, quedó bajo un nuevo cuestionamiento institucional. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) exigió que el caso sea investigado de manera independiente, objetiva y exhaustiva para determinar las circunstancias de las muertes y establecer eventuales responsabilidades.

En un comunicado difundido este lunes, el MNP expresó su preocupación por lo que considera un posible apartamiento de las fuerzas de seguridad, particularmente de la Senad, de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de armas de fuego. El pronunciamiento se produce luego de que surgieran versiones contrapuestas sobre lo ocurrido durante el procedimiento.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Catalino Correa y Antonio Carrillo. La versión oficial sostiene que ambos fueron abatidos durante un enfrentamiento con integrantes de la estructura criminal liderada por Felipe Santiago Acosta, alias "Macho". Sin embargo, representantes de la comunidad Yhapo rechazaron esa versión y señalaron que Carrillo era un líder indígena y Correa, docente de la comunidad.

La controversia no se limita, por tanto, a establecer la identidad de los fallecidos, sino que alcanza directamente a las circunstancias en las que se produjo el operativo y al uso de la fuerza letal. Para el MNP, la gravedad de las denuncias obliga a que los procedimientos de intercepción y utilización de armas de fuego estén sometidos al debido control fiscal y cuenten, cuando corresponda, con autorización judicial.

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El Nacional
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