Las elecciones generales 2018 se desarrollaron en un contexto de “debilidad institucional, falta de confianza en las estructuras políticas e inercia judicial”, concluye un informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), gran parte de cuyos miembros continúan en el país siguiendo la etapa poscomicial y que permanecerán hasta el 15 de mayo.
Sobre este punto, la MOE UE afirma que no hubo suficiente voluntad política para retirar a estos candidatos. "Los partidos utilizaron como excusa las dificultades en la implementación de los mecanismos internos".
Con relación al marco legal electoral, el informe destaca que en algunos ámbitos, ambiguo y contradictorio; en muchos casos sobrepasando disposiciones constitucionales, que resultan en inseguridad jurídica. "La causa principal de esto parece ser la falta de respeto generalizada de las agrupaciones políticas por las leyes y el Poder Judicial", resalta el texto.
Agrega que la interpretación de las disposiciones jurídicas depende de las fuerzas polí- ticas de mayor representación en el Congreso "y es públicamente reconocido que sirven a intereses personales y políticos. El Poder Judicial es ampliamente percibido como politizado y sujeto a la presión y al control político".
La Misión inició su tarea en el país el 13 de marzo, con 24 observadores. El número de estos fue creciendo la semana pasada, llegando a 96 el domingo último, en que visitaron 440 mesas receptoras de voto para observar la votación y el conteo. Desde el lunes, acompañan el proceso de juzgamiento de certificados de resultados. Concluida la Misión, elaborarán un informe final con recomendaciones.
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