Ministros, magistrados y funcionarios judiciales lograron una medida cautelar para evitar que la Contraloría realice correspondencia de sus bienes. También buscan evitar sanciones pecuniarias e inhabilitación ante la no declaración jurada. Antonio Fretes, Gladys Bareiro y Miryam Peña firmaron la resolución, que también los beneficia. La Corte dice que lo que se cuestiona es el nuevo formulario a ser llenado.
La acción de inconstitucionalidad fue presentada por Mirtha Morínigo de Florentín, de la dirección de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema, en nombre de los nueve ministros, cientos de magistrados y unos diez mil funcionarios judiciales.
Los ministros Fretes, Bareiro y Peña admitieron la acción y como medida cautelar suspendieron los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 11, 16, 17, 18 y 25 de la Ley N° 5033/13 en los que se establece la obligación, los datos a ser declarados y las sanciones contra los que no incumplan las disposiciones.
De momento, los ministros dispusieron que la Contraloría no realice el examen de correspondencia de bienes, debido a que pueden desencadenar en sanciones pecuniarias con multas de hasta 500 jornales mínimos.
La normativa atacada de inconstitucional prevé que el contralor general imponga también sanciones como cesantía del cargo, y según el caso la inhabilitación para ocupar cargos públicos, sean nombrados o contratados, y de ser electos en elección popular por el término de cinco años y de diez años en casos graves.
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