Durante la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, el debate giró en torno a las estrategias para hacer frente al crimen organizado, especialmente en las circunscripciones judiciales fronterizas. Hubo coincidencias en modificar aspectos que hacen a la presencia del Estado en la prevención y protección a los operadores de justicia, con un enfoque transnacional, sistémico y permanente.
Luego de la lectura del pronunciamiento oficial de la Corte Suprema con respecto a lo ocurrido con las juezas Mirna Ocampos y Vivian Quiñónez, cuyas residencias fueron atacadas a balazos el pasado 9 de setiembre.
Tras el acompañamiento del pleno, se profundizó en el debate sobre cómo enfocar la lucha contra la violencia y la seguridad, sobre todo en las fronteras, donde permean organizaciones criminales de carácter transnacional.
En ese sentido, la ministra Carolina Llanes, aclaró en primer término que el Poder Judicial, como los demás poderes del Estado tienen atribuciones bien definidas, no es un órgano de policía, y cada rol perfectamente especificado debe ser articulado en estos casos.”
“Esta situación sobrepasa las potestades del Poder Judicial y necesariamente requiere de un consenso de poderes para definir de manera más precisa, puntual, a nivel territorial en este caso, circunscripciones de frontera y algunas otras, donde los datos de criminalidad son más resaltantes, a los efectos de tomar la medida de prevención y protección a los operadores del sistema.”
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