La acusación está relacionada con documentos de los años 2017 y 2018 de la administración municipal a cargo de McLeod de Zacarías, en el que los investigadores encontraron hechos nuevos por un caso en el que ya estaban procesados, por un desvío de más de G. 2.100 millones. El escrito fue presentado por dos asistentes fiscales comisionados por los fiscales Natalia Fuster, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, ante el Juzgado Penal de Garantías a cargo de Cinthia Garcete.
El caso también es conocido como Frontera Producciones, por ser esta la firma que había sido utilizada para contratar supuestos servicios tercerizados, con el objetivo de desviar el dinero de la Comuna para la campaña electoral, de acuerdo con la imputación fiscal.
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