En la misma población de Colombia donde cometieron sus crímenes en la década del 2000, diez militares retirados comenzaron a reconocer este martes, ante las familias de las víctimas, la ejecución a sangre fría de cien civiles que presentaron como guerrilleros caídos en combate.
En la inédita audiencia de dos días, organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, los uniformados confesaron en público su responsabilidad por la desaparición y posterior asesinato de 120 jóvenes, en su mayoría pobres.
Unos 50 familiares de las víctimas ingresaron en fila a un teatro universitario de esta población exhibiendo fotografías de sus parientes.
En el escenario se sentaron cara a cara frente a sus victimarios y cinco magistrados del tribunal surgido del histórico acuerdo de paz de 2016, que hasta el miércoles escuchará los relatos de un general, cuatro coroneles, cinco oficiales y un civil que colaboró en los crímenes.
“Les pido limpiar el nombre de nuestros familiares (…) eran campesinos trabajadores, no como los tildaron de subversivos, de guerrilleros, de matones”, reclamó Eduvina Becerra, pareja de José Ortega, un agricultor que vivía a unos 300 kilómetros de Ocaña antes de ser asesinado.
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