El conflicto político e institucional en la comuna esteña suma un nuevo capítulo. El suspendido intendente Miguel Prieto anunció que iniciará acciones penales contra el interventor designado por el Ejecutivo, Ramón Ramírez, a quien acusa de calumnias y difamación por sus declaraciones públicas sobre supuestas irregularidades durante la administración municipal. Representantes legales de Prieto se […]
Momento en que el interventor recibió a la escribana Lizzie Cáceres y la abogada Gilda Portillo.
El conflicto político e institucional en la comuna esteña suma un nuevo capítulo. El suspendido intendente Miguel Prieto anunció que iniciará acciones penales contra el interventor designado por el Ejecutivo, Ramón Ramírez, a quien acusa de calumnias y difamación por sus declaraciones públicas sobre supuestas irregularidades durante la administración municipal.
Representantes legales de Prieto se presentaron ayer en la sede municipal a exigir a Ramírez que se ratificara o rectificara en sus afirmaciones, emitidas durante una conferencia de prensa el pasado 15 de julio en la intendencia municipal. Lejos de retractarse, el interventor reafirmó cada una de sus palabras, entre ellas, denuncias sobre obras fantasmas, desvío de combustibles y manejos dudosos de fondos públicos a través de las denominadas cajas chicas. Pero la defensa de Prieto asegura que tales datos no tienen sustento documental y forman parte de una campaña de “desinformación” que...
La escribana Lizzie Cáceres y la abogada Gilda Portillo, representante legal de Prieto, se constituyeron en la Municipalidad. Tras una espera de más de una hora, fueron finalmente recibidas por el interventor. Allí, en un acto formal y documentado, Ramírez se ratificó punto por punto en sus declaraciones, según confirmó la escribana interviniente.
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