CIUDAD DE MÉXICO. La mexicana Angélica Juárez, víctima de violencia obstétrica y anticoncepción forzada, espera desde hace tres años la reparación del daño y una disculpa pública por parte de un hospital de Ciudad de México, con lo que busca un precedente para las mujeres en el país y que estos casos dejen de ocurrir.
“Yo quiero que lo que me pasó a mí no le pase a otras mujeres y que no le pase a otros bebés porque realmente las consecuencias pueden ser terribles”, dice la mexicana Angélica Juárez en una entrevista.
Angélica, habitante de uno de los 15 pueblos originarios de Iztapalapa, demarcación del oriente de la capital mexicana, detalla que durante y tras su embarazo vivió varias formas de violencia obstétrica, principalmente por su condición de pobreza, aunado a su origen indígena.
Angélica relata que el 11 de agosto de 2020, cuando cumplía 38 semanas de gestación, acudió a consulta al Hospital Comunitario Emiliano Zapata de la Secretaría de Salud (Sedesa) de Ciudad de México pero, como tenía preeclampsia -presión alta- la hospitalizaron de urgencia para una cesárea.
Desde ese momento, explica, el personal de la dependencia le preguntó qué método anticonceptivo utilizaría tras el parto, a lo que ella contestó que no deseaba ninguno, por lo que le dieron un documento para firmar que se responsabilizaba de su decisión.
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