Javier Martín Santiago de Chile, 16 mar (EFE).- Son cerca de las once de la mañana de un viernes cualquiera del verano austral yen el segundo piso del Palacio de La Moneda, epicentro del "Gobierno más progresista de Chile" desde el fin de la cruenta dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1989), reina un silencio espeso, casi monacal, pese al ruido político que habitualmente lo envuelve desde fuera, ese día algo más atronador.
Hace apenas unas horas se ha difundido la imputación del presidente de la República en una querella presentada por la ultraderecha por la fallida compra por parte del Gobierno de la casa del derrocado mandatario socialista Salvador Allende (1971-1973), pero Gabriel Boric asoma calmo y concentrado desde el balcón de su escritorio, plagado de papeles ordenados y un rimero de libros en difícil equilibrio.
A su espalda, el general Bernardo O´Higgings, libertador de Chile, pierde la mirada en lontananza, como si tratara de alcanzar la orla con los rostros en blanco y negro de un grupo de detenidos desaparecidos que domina el rincón izquierdo de la pared frontal, junto a un globo terráqueo de vieja escuela y dos fotos históricas, insertas en un solo marco, que surcan y enlazan dos épocas sobre un rio negro de la historia chilena.
En la primera, tomada en la década de los pasados setenta, destacan en sepia la achatada figura de Allende y la espigada presencia de su ministro del Interior, José Tohá, rodeados de oficiales del Ejército y de Carabineros de Chile, instituciones protagonistas de aquel sangriento golpe a la democracia.
La segunda muestra el mismo acto, esta vez en color, con Boric igualmente en el centro de la imagen acompañado de su ministra de Interior, Carolina Tohá, hija de José, y de la que hasta días antes era su ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta de Salvador.
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