Los encarnacenos no se merecen el manoseo del que son objeto por un sector empresarial ligado al transporte urbano de pasajeros. Al históricamente pésimo servicio se sumaron las “reguladas”, y hasta la negación de su prestación durante los fines de semana.
Cientos de jóvenes, de trabajadores, y vecinos en general no pueden cumplir sus tareas porque en esos días no tienen colectivos. El hecho amerita la intervención de algún organismo de defensa del consumidor, pues atenta contra derechos consagrados.
Los dueños de estas empresas que monopolizan el servicio público incurren en abuso de poder. Atentan contra la dignidad de la ciudadanía. Violentan sus derechos. Es una situación que amerita la intervención de los organismos de protección al consumidor.
Quien más sufre esta exhibición de prepotencia impune es el ciudadano de a pie, aquel que depende del transporte urbano para desarrollar su actividad cotidiana, quien paga con penurias una pulseada de intereses que les son lejanos y ajenos.
Quienes deberían preocuparse y ocuparse del bienestar de sus conciudadanos, nuestros representantes en la Comuna, miran para otro lado, o directamente especulan en favor de intereses creados. Para nadie es un secreto el papel que juega el sistema de transporte durante las elecciones, y que existe un maridaje de conveniencia entre un sector empresarial y sus compinches en el ámbito de la política.
Leer la nota completa en Diario ABC