Natalia Román MorteTúnez, 17 jul (EFE).- Los magistrados tunecinos denuncian la llamada "justicia del teléfono", en la que el presidente, Kais Said, ordena sentencias o la apertura de casos, después de haberse arrogado plenos poderes a golpe de decreto y lanzar una campaña para "sanear" el poder judicial.
Desde su llegada a Cartago a finales de 2019, el mandatario, profesor universitario de Derecho Constitucional, no ha ocultado su intención de reformar el sistema judicial, al que acusa de defender intereses personales y de falta de neutralidad; mientras los jueces advierten de una injerencia del Ejecutivo y represalias contra quienes no se muestran dóciles.
En su batalla contra la "corrupción", Said disolvió en febrero pasado el Consejo Superior de Magistratura (CSM)- órgano constitucional creado en 2016 para velar por la independencia de la justicia- y formó otro "provisional" con miembros elegidos por él mismo.
"Mantiene un discurso agresivo contra los jueces y utiliza términos bélicos como cuando dice que tiene misiles en la rampa de lanzamiento listos para disparar al corazón del sistema judicial. Tememos que prolifere esta nueva cultura de la violencia contra todo aquel que dice no al presidente", señala a Efe el responsable de la Asociación de Magistrados Tunecinos (AMT), Anas Hamadi.
Esta retórica, asegura Hamadi, da carta blanca a grupos reaccionarios pro-Said que se benefician de la protección del Ministerio del Interior para difundir en las redes sociales campañas de "linchamiento" con listas de jueces "corruptos", acompañadas de sus fotografías, lugar de trabajo e, incluso, amenazas de muerte.
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