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La investigación sobre la mafia de los pagarés revela pagos semanales, notificaciones ficticias y jueces acusados en un esquema de recaudación judicial.
Ujieres y actuarios de los Juzgados de Paz de La Encarnación y San Roque confesaron ante la Fiscalía detalles del esquema corrupto liderado por la jueza Carmen Analía Cibils. El ujier Arturo Ayala Franco reveló que debía entregar G. 25 millones semanales en efectivo a la magistrada cada viernes por firmar notificaciones que nunca se realizaban. La confesión expone el núcleo del sistema de recaudación que operaba en el poder judicial.
Ayala Franco declaró que por el volumen de notificaciones que tenía para firmar, la jueza debía recibir su parte correspondiente a G. 25 millones semanales. El monto era entregado en efectivo los viernes en la oficina de Cibils. Si el ujier no alcanzaba la cifra establecida, debía pagar con retroactivo la semana siguiente. El dinero constituía el objetivo mínimo, pero podía aumentar si ingresaban más empresas al juzgado.
La jueza Cibils mantenía control absoluto del esquema mediante un sistema de cámaras de circuito cerrado instalado en todo el juzgado. Llevaba registro detallado de la cantidad de notificaciones entregadas y pagos recibidos. Nicolás Antúnez, otro ujier, confirmó que la magistrada le advirtió que tenía todo controlado, tanto por las cámaras como por contacto directo con abogados. La distribución era 70% para ella y 30% para el ujier.
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