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Mafia de pagarés: apelan autorización para revisar el teléfono del juez Gustavo Villalba - Judiciales.net

Mafia de pagarés: apelan autorización para revisar el teléfono del juez Gustavo Villalba - Judiciales.net

El abogado José Fernández Zacur, defensor del juez de paz de La Catedral, Gustavo Villalba, imputado por prevaricato en el expediente conocido como la "mafia de los pagarés", considera que revisar el teléfono de su cliente supone una violación de principios constitucionales.

El abogado José Fernández Zacur, defensor del juez de paz de La Catedral, Gustavo Villalba, imputado por prevaricato en el expediente conocido como la «mafia de los pagarés», considera que revisar el teléfono de su cliente supone una violación de principios constitucionales.

Además, argumenta que el pedido fiscal no cumple con los requisitos legales para la pericia. El profesional alega que la resolución del juez Humberto Otazú, al ordenar la revisión de los dispositivos móviles y la extracción de datos existentes en los mismos, habilita el acceso a información personal y sensible del imputado. Agrega que este aspecto está protegido por los derechos a la intimidad y privacidad, así como a la inviolabilidad de las comunicaciones, consagrados en los artículos 33 y 36 de la Constitución Nacional.

“La intromisión del Estado en la esfera reservada de las personas, a fuerza de una orden judicial que no reúne los estándares necesarios, como en el caso que nos ocupa, conlleva un daño superlativo e irreversible para el afectado, ya que la penetración en el ámbito personal y la exposición de su contenido no pueden mitigarse, suprimirse ni retrotraerse luego de efectuadas”, alega la defensa en parte de su apelación, que busca desautorizar la extracción de información contenida en el teléfono del juez imputado.

Agrega que la extracción de datos que requiere el Ministerio Público es absolutamente inconducente, ya que el pedido fiscal debe fundarse en un hecho real y no especulativo, como lo es en este caso. Además, la defensa menciona otros agravios, como la orden de entregar los resultados al Ministerio Público una vez extraídos los datos, cuando la ley expresamente dispone que deben ser entregados al magistrado.

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