El senador Rafael Filizzola, presidente de la comisión Especial que investiga la Mafia de los Pagarés, alertó que el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Dirección de Jubilaciones están ejecutando descuentos salariales sin autorización de los funcionarios, en el marco de deudas vinculadas a pagarés ya cancelados o judicializados múltiples veces. Advirtió que, si […]
El senador Rafael Filizzola, presidente de la comisión Especial que investiga la Mafia de los Pagarés, alertó que el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Dirección de Jubilaciones están ejecutando descuentos salariales sin autorización de los funcionarios, en el marco de deudas vinculadas a pagarés ya cancelados o judicializados múltiples veces. Advirtió que, si no se revierte esta práctica, la comisión que preside impulsará acciones penales por apropiación indebida de fondos públicos.
Filizzola, quien preside una comisión parlamentaria que analiza los casos de descuentos irregulares a funcionarios públicos, señaló que una de las prácticas más graves detectadas es la multiplicación de embargos sobre un mismo pagaré. “Muchas veces un mismo pagaré se utiliza en varios juicios, lo que triplica o cuadruplica la deuda, por los cargos agregados y liquidaciones exorbitantes”, afirmó.
El legislador también advirtió sobre los denominados “descuentos voluntarios”, autorizaciones firmadas por los propios trabajadores para el débito automático de deudas, que luego son igualmente judicializadas. “Una persona autoriza el descuento de su deuda a través del BNF, pero aun así es demandada y vuelve a sufrir nuevos descuentos por la misma deuda. Eso es absolutamente irregular”, cuestionó. Aseguró que los afectados no pueden defenderse porque no son notificados en juicio o, si lo son, no logran acceder a la documentación necesaria debido a procedimientos opacos del propio banco...
Según el congresista, la situación es más crítica en el caso del BNF, que mantiene un convenio con una empresa privada encargada de recepcionar los pagos directamente en una cuenta del propio banco, sin mandato de los deudores. “Esa cuenta es utilizada para transferir luego el dinero a los acreedores, pero no es un servicio de cobranzas como tal. Se está usando una cuenta de salario de los funcionarios, algo que no se puede tocar sin autorización expresa”, alertó.
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