La reconocida ciudadela de Machu Picchu en Perú, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco tanto por su valor cultural como natural desde 1983, se enfrenta a una situación de tensión tras decisiones gubernamentales recientes. Este lugar, que recibe diariamente a miles de visitantes de todo el mundo, está en el punto de mira debido a la inconformidad de la población local y los operadores turísticos respecto a cómo se regula el acceso al sitio.
El 25 de enero se dio inicio a una huelga en Machu Picchu, promovida por agrupaciones turísticas y residentes locales. La razón: el desacuerdo con el gobierno peruano tras la designación de Joinnus, una empresa privada, para controlar la venta de entradas desde diciembre del 2023. Los manifestantes ven en esto una privatización que afectará negativamente a los proyectos comunitarios y emprendimientos locales que dependen del flujo turístico.
El impacto de la huelga ha sido considerable, con cierres de establecimientos y un parón en el servicio ferroviario que conecta con la ciudadela, dejando a numerosos viajeros incapaces de llegar o salir del lugar. Como resultado, se han realizado evacuaciones de emergencia para estos turistas varados en la región.
Por su parte, el gobierno peruano argumenta que este cambio en la administración de entradas combate la reventa ilegal y optimiza la gestión de visitantes, estableciendo un tope máximo de 4.500 personas diarias. Entidades encargadas de la conservación de Machu Picchu han expresado su preocupación por el deterioro que un exceso de visitantes puede provocar en este entorno único, lo que llevó al cierre temporal de ciertas áreas durante el 2023 por daños.
Sin embargo, los habitantes de la zona alegan que las nuevas políticas impactarán negativamente en sus ingresos y exigen alternativas más justas. Las conversaciones entre las partes involucradas y los Ministerios de Cultura y de Comercio Exterior y Turismo no han llegado aún a un consenso, dejando la protesta vigente.
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