La Paz.-Al menos una decena de arrestados, algunos heridos, denuncias de ataques violentos a congresistas opositores y amenazas de nuevas movilizaciones callejeras de contrarios al Gobierno, así como también de seguidores del oficialismo, han marcado en los recientes días la apertura de un periodo de escalada de conflictos y de tensiones en una Bolivia polarizada, […]
La Paz.-Al menos una decena de arrestados, algunos heridos, denuncias de ataques violentos a congresistas opositores y amenazas de nuevas movilizaciones callejeras de contrarios al Gobierno, así como también de seguidores del oficialismo, han marcado en los recientes días la apertura de un periodo de escalada de conflictos y de tensiones en una Bolivia polarizada, a menos de un mes de cumplirse el primer año de gobierno del presidente Luis Arce Catacora.
Santa Cruz de la Sierra ha vuelto a confirmar ser el bastión de las oposiciones en el país, como ocurrió sobre todo en la fase final de la gestión de Evo Morales, al liderar el primer paro cívico nacional durante el mandato de Arce.
El rechazo al proyecto de ley de ganancias ilícitas, aprobado inicialmente por la mayoría del MAS en la Cámara de Diputados, y la protesta contra las persecuciones judiciales de líderes opositores como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el alcalde de La Paz, Iván Arias, y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, han sido los disparadores de las movilizaciones callejeras que se han sentido con mayor fuerza en la capital cruceña y en menor medida en algunas zonas de las ciudades de La Paz, Cochabamba, Potosí, Tarija y Oruro.
Los conflictos, que comenzaron a manifestarse desde septiembre pasado, tienen como protagonistas principales al Comité pro Santa Cruz, la institución más influyente del movimiento cívico boliviano, al llamado Consejo Nacional de la Democracia (Conade), y, recientemente, a los productores cocaleros de la zona de Los Yungas, aglutinados en la organización llamada Apdecoca, a los indígenas de las tierras bajas del oriente boliviano, a los comerciantes y a los transportistas. También han surgido amenazas de movilizaciones callejeras por parte de sectores mineros.
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