En la argumentación se indica que la legislación vigente contiene una serie de artículos que no se adecuan al texto constitucional.
Además, sostienen que constituye una verdadera restricción al derecho ciudadano de expresar su opinión en la vía pública a través de la reunión o manifestación.
“La ley que reglamenta el artículo 32 de la Constitución Nacional fue concebida en un momento en el que el reclamo popular por los derechos y por la defensa del patrimonio nacional por parte de sectores campesinos y trabajadores estaba en auge”, se alega. Los luguistas cuestionan que el objetivo era más que ordenar, restringir la posibilidad de la ciudadanía de formular reclamos.
También consideran que hay discriminación cuando se trata de campesinos e indígenas, “donde se ven despliegues propios de confrontaciones bélicas”.
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