La exjueza Tania Irún, imputada por prevaricato por supuestamente ceder 310 mil hectáreas protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza a unas empresas offshore de paraísos fiscales. La magistrada se ratificó en que no hubo hecho punible.
Luego de que la exjueza en lo Civil y Comercial, Tania Irún, haya recusado a la agente fiscal original de la causa, Natalia Fuster, hoy finalmente se desarrolló la segunda audiencia indagatoria que había sido convocada por la mencionada fiscala de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).
La exmagistrada está imputada por prevaricato. Esto se dio tras su destitución como jueza por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por supuesto mal desempeño de funciones al ceder, en presunta contravención a la Ley de Seguridad Fronteriza, 310 mil hectáreas de tierras del Chaco a empresas de maletín creadas en Islas Vírgenes Británicas y la República de Chipre.
Tras la segunda audiencia, el abogado Rodrigo Planas comentó a los medios que su clienta se ratificó en sus declaraciones y que no hubo hecho punible ni violación de la norma al fijar la sentencia de sesión a empresas offshore cuyos miembros no estaban identificados al momento de la resolución (2018) y que supuestamente tienen acciones al portador, informó Unicanal.
“La jueza no puede sacar un tema que no está en discusión (identidad de accionistas). La Ley prevé que el escribano tiene que hacer el estudio previo si existe o no algún impedimento para la transferencia de las acciones. Lo que se hace en el proceso es discutir quien tiene el derecho, y una vez que se le asigna el derecho a alguien, en este caso a estas empresas extranjeras, entonces ahí se designa a un escribano para que protocolice la transferencia”, dijo Planas.
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