El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se apresuró a firmar alrededor de una decena de órdenes ejecutivas en su primera semana al frente de la Casa Blanca, sin embargo, la ejecución de sus propósitos no será a día de hoy tan sencilla como estampar una rúbrica en un documento presidencial.
Buena parte de los contenidos de dichas órdenes pasan por la colaboración del Congreso, donde los mecanismos de control permitirán a la oposición demócrata trabar algunas de las intenciones del multimillonario.
Asimismo, los Gobiernos locales y estatales, así como los tribunales, pueden suponer un problema para sus aspiraciones.
De hecho, la orden ejecutiva firmada este viernes para combatir el terrorismo yihadista, que suspende tanto la entrada de todos los refugiados durante 120 días como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista, ya se topó con una jueza federal.
La magistrada Ann M. Donnelly, del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn (Nueva York), dictó este sábado que los refugiados u otras personas afectadas por la medida y que llegaron a aeropuertos estadounidenses no pueden ser deportados a sus países.
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