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Bogotá, 26 mar (EFE).- A Manuel González Segura, uno de los 75 líderes de sustitución de cultivos ilícitos asesinados desde la firma en 2016 del acuerdo de paz en Colombia, lo desaparecieron en junio de 2019. Su homicidio marcó un periodo sangriento contra el trabajo comunitario de miles de campesinos del país.
El cuerpo de Gónzalez fue encontrado con impactos de arma de fuego, las manos atadas y signos de tortura en el departamento de Córdoba (norte) donde unas semanas después un grupo narcoparamilitar decapitó en el municipio de San José de Uré al campesino Manuel Osuna Tapias.
Los asesinatos de Gónzalez y Osuna, ambos vinculados a la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (Ascsucor), hacen parte de una ofensiva contra este tipo de defensores que se agudizó desde 2016, cuando el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC pactaron la paz, según un informe divulgado hoy por la organización colombiana Somos Defensores.
De acuerdo con el estudio, los 75 crímenes, ocurridos entre el 24 de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020 en 12 de los 32 departamentos del país, evidencian los tropiezos de la política antidrogas de Colombia, así como los obstáculos que enfrentan miles de familias acorraladas por los grupos armados ilegales y la fuerza pública.
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