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Representaron al Ministerio Público los agentes fiscales Federico Delfino, Irene Álvarez y Osmar Legal, quienes solicitaron 25 años de prisión para cada investigado, más otros 10 años de medidas de seguridad.
La causa inició en el 2004 y el hecho ocurrió en los límites de San Lorenzo y Ñemby, cuando las mencionadas personas se resistieron a ser detenidas en una barrera policial. Reaccionaron disparando y arrojando granadas a los agentes policiales.
Dada la peligrosidad del traslado de los reclusos, la realización del juicio se realizó vía teleconferencia.
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