En un rincón “estratégico” del predio municipal, el uniformado aguarda pacientemente. Al rato, llega uno de los “gestores” con media docena de formularios, debidamente rellenados, para solicitar el “Certificado de Vida y Residencia” (CVR) que expide la Policía Nacional a través de sus Comisarías. El gestor entrega los papeles y el policía se dirige a […]
En un rincón “estratégico” del predio municipal, el uniformado aguarda pacientemente. Al rato, llega uno de los “gestores” con media docena de formularios, debidamente rellenados, para solicitar el “Certificado de Vida y Residencia” (CVR) que expide la Policía Nacional a través de sus Comisarías. El gestor entrega los papeles y el policía se dirige a la Comisaría donde se elaboran en orden de prioridad previamente “asegurado” los seis certificados para otras tantas personas. Vuelve al predio municipal donde el gestor recoge los certificados y paga por ellos la suma convenida. Finalmente, el...
Esta escena, aunque imaginada para este artículo pero absolutamente verosímil por aquello de que la burocracia es el mejor abono para la coima, es una arista de la realidad que se está desplegando cotidianamente en varios municipios a partir de la implementación de una serie de nuevos requisitos instaurados por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, algunos de ellos en base a la “Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, Ley 5016/14, y otros, establecidos por resoluciones de la propia Agencia.
En el caso del Certificado de Vida y Residencia (CVR), la Ley no lo exige, pero la Agencia “amplió” en con una resolución (la Nº 36/2015) la tabla de requisitos incluyendo este certificado.
“Tenés que hacerte antes tu certificado de vida y residencia en la Comisaría. Pero si no tenès, podemos conseguirte. Te va a salir 50 mil y no necesitás ni irte a la Comisaría”. Así explica un gestor de licencias y otros trámites municipales.
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