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Managua, 5 feb (EFE).- La Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, reformada esta semana por la mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional (Parlamento), pone a la banca que opera en Nicaragua en una encrucijada, opinaron este viernes diversos economistas.
La enmienda prohíbe a la banca privada cerrar cuentas a los usuarios de manera unilateral o sin notificar la causa, lo que ha sido interpretado por los mismos legisladores como una medida para neutralizar las sanciones económicas que Estados Unidos y otros países han impuesto a funcionarios del Gobierno por corrupción o violación de los derechos humanos.
«Los banqueros y el gran capital se encuentran perplejos ante un dilema en el se juegan su futuro: les costará caro la condescendencia al aceptar la nueva ley, pero también les pasará factura rechazarla», apuntó el economista y sociólogo nicaragüense Óscar René Vargas, en un escrito en el que analiza los alcances de esa ley.
Es decir, si la banca acoge esa normativa, tendría que desconocer las resoluciones de la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro que bloquea a los sancionados las propiedades o activos que tengan en Estados Unidos o bajo el control de estadounidenses, y le prohíben cualquier transacción con ciudadanos de ese país.
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