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A siete años de su promulgación, la Ley 6266 enfrenta obstáculos para garantizar atención integral a pacientes oncológicos. Las deficiencias en registro, equipamiento y recursos humanos afectan su efectividad.
A siete años de su promulgación, la conocida como “Ley del Cáncer” enfrenta graves obstáculos para su implementación efectiva en Paraguay. Mientras el cáncer sigue siendo la principal causa de muerte prematura en el país, especialistas advierten sobre la necesidad urgente de fortalecer la infraestructura sanitaria y mejorar la coordinación entre instituciones para garantizar una atención integral a los pacientes.
La normativa, aprobada en 2018 tras un esfuerzo colaborativo entre médicos, especialistas y organizaciones civiles, estableció un marco legal integral para asegurar atención digna, oportuna y de calidad a pacientes oncológicos. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 y los cambios en la administración pública ralentizaron significativamente su implementación efectiva, dejando importantes vacíos en la ejecución de sus disposiciones fundamentales.
El ambicioso alcance de la ley comprende todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, incluyendo entidades públicas, privadas, el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Su objetivo central es solucionar problemas de acceso desigual al diagnóstico, tratamiento y atención integral, especialmente en áreas rurales y poblaciones con recursos limitados, donde el cáncer suele diagnosticarse en etapas avanzadas cuando las posibilidades de tratamiento efectivo disminuyen drásticamente.
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