En toda sociedad existe un contrato implícito de hecho y de derecho en el que los ciudadanos pagan sus impuestos para sostener el aparato estatal y delegan la administración de esos recursos a un grupo de personas encargadas de cuidarlos y destinarlos al bien común con responsabilidad y honestidad. Cuando estos últimos quebrantan su parte del trato y abusan de su mandato para beneficio personal o de su parentela o de su clientela, faltan a su deber e incurren en lesión de confianza. Esta situación se presenta permanentemente en todos los niveles del Estado, en la administración central, en los entes descentralizados, en las empresas públicas, en las gobernaciones, en las municipalidades, con insultante descaro e impunidad. Últimamente, han tomado estado público nuevos ejemplos de los despojos a los que es sometida de manera constante la ciudadanía indefensa. Desde desvíos del Fonacide hasta insólitos derroches en la Junta Municipal de Asunción. Claramente, todo ello configura el hecho de lesión de confianza.
En toda sociedad existe un contrato implícito de hecho y de derecho en el que los ciudadanos pagan sus impuestos para sostener el aparato estatal y delegan la administración de esos recursos a un grupo de personas encargadas de cuidarlos y destinarlos al bien común con responsabilidad y honestidad. Cuando estos últimos quebrantan su parte del trato y abusan de su mandato para beneficio personal o de su parentela o de su clientela, faltan a su deber e incurren en lesión de confianza. Esta situación se presenta permanentemente en todos los niveles del Estado paraguayo, en la administración...
Últimamente, han tomado estado público nuevos ejemplos de los despojos a los que es sometida de manera constante la ciudadanía indefensa. Desde desvíos del Fonacide hasta insólitos derroches en la Junta Municipal de Asunción, donde los concejales han llegado a la caradurez de pretender hacerse comprar teléfonos celulares de última generación con servicio ilimitado, pasando por abusivos contratos colectivos que otorgan beneficios desmedidos a funcionarios públicos y empleados de empresas estatales.
Esos contratos colectivos se negocian en sigilo, a espaldas de la gente, y son aprobados por administradores que, evidentemente, no honran su obligación de velar por la cosa pública. Peor aún, no solamente estos administradores de turno tienden a ser muy generosos con el dinero ajeno, sino que a menudo se benefician personalmente, ya que, por lo general, terminan cobrando las gratificaciones extraordinarias que ellos mismos conceden. Por mencionar un caso llamativo que acaba de publicarse, la presidenta de Petropar, Patricia Samudio, cobra bonificación por “peligrosidad”.
Muchas de las cláusulas de esos contratos, especialmente las de contenido económico, además de abusivas, son ilegales y nulas, como muy bien lo ha sostenido en ABC el reconocido jurista y experto en Derecho Laboral Dr. Jorge Darío Cristaldo.
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