El Paraguay es rico en leyes ambientales de observancia local y adhesión a tratados internacionales, pero que lamentablemente no se cumplen salvo excepciones.
Como seres vivos, necesitamos del agua, suelo, árboles, animales y plantas para satisfacer nuestras necesidades vitales y vivir de acuerdo a estándares decentes de calidad. No deberíamos deteriorarlos o destruirlos, pero lo hacemos; pues, la codicia y la ambición desmedida pueden más. Se prefieren las riquezas materiales y lujos ante que los servicios ambientales que ofrece la naturaleza.
Las cuestiones ambientales relacionadas al agua, suelo y recursos forestales conciernen a toda sociedad, Estado e instituciones gubernamentales creadas para su cuidado y protección. Precisamente, para su ordenamiento y mejor cumplimiento, los países han definido políticas ambientales públicas y redactado leyes, cuya finalidad es utilizar en forma racional y sostenible dichos recursos, para preservar y evitar su degradación y desaparición.
A fin de recordar una muestra del rico régimen ambiental con que cuenta el país, pero que lamentablemente no se aplica, se incluyen los siguientes: decreto n.º 9701/2012, del 19 de setiembre del 2018, por el cual se reglamenta el comercio de especies incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites); ley n.º 4928/2013, del 7 de junio del 2013, de Protección al arbolado urbano; ley n.º 4840/2013, del 9 de enero del 2013, de Protección y bienestar animal; ley n.º 4814/2012, del 17 de diciembre del 2012, de Aguas para el Chaco...
Además, hay que destacar la ley n.º 422/73, Forestal que declara de interés público el aprovechamiento y manejo racional de los bosques y tierras forestales del país, y de interés público y obligatorio la protección, conservación, mejoramiento y acrecentamiento de los recursos forestales. La ley n.º 665/77, de Apicultura que declara la apicultura una actividad de importancia económica y social, debiendo protegerse a la abeja domestica como insecto útil y la flora apícola como riqueza nacional. La ley n.º 1100/97, de Prevención de la polución sonora, que en su art. 2 expresa: “Queda...
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