La denuncia de presunto lavado, en el que estarían implicados procesados y privados de su libertad en el caso “A Ultranza PY”, presentó el Ministerio de Justicia ante el fiscal Deny Yoon Pak, quien remitió los antecedentes a la Unidad Antilavado del Ministerio Público, en donde se presume se abrió una investigación penal. El reporte refiere que se montó una fábrica de picante, para lo cual se adquirieron nuevos y costosos equipos, pero que se desconoce el origen de la plata invertida por un grupo de reclusos. El Ministerio alertó a la Fiscalía que no hay control sobre las actividades desempeñadas en el área asignada para la fabricación y envasado de la salsa.
El caso “A Ultranza PY” tuvo varias derivaciones. Además, del proceso al exministro de la SEN, Joaquín Roa, las filtraciones en la SENAD, entre otros, también resalta la denuncia del Ministerio y Justicia, durante la gestión del entonces ministro, Ángel Barchini.
A través de nota N° 1.259 del 11 de septiembre del 2023, Justicia se remitió a la Fiscalía los antecedentes con relación al montaje de una fábrica de picante en la Penitenciaría Regional de Emboscada, por las personas privadas de libertad en el caso A Ultranza PY, “el cual no cuenta con el registro de origen de la inversión, ni se realizan controles a las actividades desempeñadas en el predio de la fábrica”.
Específicamente, el documento alerta sobre la falta de especificación del origen del dinero invertido para la compra de las maquinarias que se utilizan en la planta donde se produce la salsa.
En la cárcel de Emboscada se impulsa el emprendimiento de un grupo de reclusos, que consiste en un proyecto encabezado por un interno detenido y procesado por tráfico de drogas sintéticas, como variedades de éxtasis, LSD, metanfetaminas y hongos alucinógenos.
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