Lima, 10 nov (EFE).- Los familiares de los dos jóvenes fallecidos hace un año por disparos de la Policía durante las protestas contra el expresidente peruano Manuel Merino reclamaron este miércoles un antejuicio político (la retirada de su inmunidad legal), cuando se aproxima el aniversario de la oleada de manifestaciones que causaron la caída de su efímero gobierno.
De forma paralela, el colectivo ultraconservador Coordinadora Republicana, de dónde salió gran parte del gabinete de Merino, exigió también este miércoles el cese de las investigaciones contra el mandatario, quien está protegido de acciones legales que lo afecten en calidad de expresidente.
En dos ruedas de prensa paralelas, quedaron patentes las visiones opuestas acerca de los procesos legales que indagan sobre los sucesos de noviembre de 2020 que se saldaron con la caída del Ejecutivo de Merino, centenares de heridos y el asesinato a manos de la represión policial de Inti Sotelo y Bryan Pintado.
Mientras unos piden al Estado peruano "reparación inmediata y justicia" para las víctimas, los heridos y sus familiares, los otros denuncian "una persecución política" contra quienes "cumplieron su misión de resguardar el orden público y el Estado de Derecho".
En la conferencia organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), los familiares y la defensa legal de Sotelo y Pintado urgieron a las autoridades peruanas a avanzar con el antejuicio político, un proceso por el cual el Congreso debe aprobar la retirada de la inmunidad de Merino, y cumplir con su obligación de "investigar, juzgar y sancionar tanto en el ámbito penal como administrativo y disciplinario" a los responsables de la muerte de estos jóvenes.
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