Varias organizaciones sin fines de lucro como el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), Colab Abogados y Semillas para la Democracia critican la acción inconstitucional realizada por la “comisión garrote” para acceder a datos privados que están amparados por la Constitución Nacional.
Las ONG alertan violación y piden a la “comisión garrote” ir por vía legal
Se suman las voces en contra del proceder inconstitucional de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) “antilavado”, conocida como “comisión garrote”, para acceder a información de carácter privado.
La directora ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales del Paraguay (CEJ), María Victoria Rivas, afirmó que esa organización no desconoce la legalidad de la comisión conforme a lo establecido por la Constitución Nacional, pero que la misma Carta Magna le pone un límite a ese grupo de legisladores.
“La comisión puede llevar adelante todas las acciones que considere importantes para su investigación siempre y cuando no vulnere derechos y garantías de las personas; en ese sentido, el CEJ ante la primera petición de la comisión de enviar todas las documentaciones técnicas y documentos que obran en nuestro poder, por el acuerdo que tenemos con la cooperación de USAID, hemos enviado un informe técnico de más de 300 páginas con una descripción específica de todos los gastos en que ha incurrido la ejecución de este proyecto a lo largo de los tres años”, señaló.
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