La Resolución General CONES N.º 02/2026 no solo reabre el debate sobre las carreras de Medicina. Al mezclar habilitación, seguimiento, mejora continua y control anual sobre dimensiones sustantivas de la vida académica, desordena el lenguaje del aseguramiento de la calidad, invade el campo funcional de la ANEAES y somete al sistema de educación superior a […]
La Resolución General CONES N.º 02/2026 no solo reabre el debate sobre las carreras de Medicina. Al mezclar habilitación, seguimiento, mejora continua y control anual sobre dimensiones sustantivas de la vida académica, desordena el lenguaje del aseguramiento de la calidad, invade el campo funcional de la ANEAES y somete al sistema de educación superior a una incertidumbre institucional tan grave como innecesaria.
Esta disposición merece una crítica de fondo porque no se limita a reglamentar la habilitación de carreras de Medicina, que sería el terreno propio del CONES, sino que se presenta como un régimen de “control, verificación anual, seguimiento y mejora continua”, con un léxico y una ambición institucional que la sacan del plano estrictamente habilitante y la empujan hacia el campo del aseguramiento de la calidad, invadiendo y usurpando el espacio que la ley reservó a la ANEAES.
El artículo 1 anticipa esa deriva con una fórmula especialmente riesgosa, porque diseña una “Fase I. Habilitación provisoria” condicionada a que más adelante “sea garantizada la disponibilidad para los campos de práctica clínica”, e incluso admite supuestos en los que la institución todavía no cuente con infraestructura suficiente en la zona solicitada. En Medicina, esto significa aceptar que una carrera pueda iniciar su trayectoria sin que desde el comienzo estén plenamente consolidadas condiciones críticas de formación. Así, una habilitación así deja de constatar que el umbral esencial...
El artículo 2 profundiza la invasión porque impone un régimen de “control, verificación anual, seguimiento y mejora continua” y, además, un “proceso de verificación integral” orientado a constatar el grado de cumplimiento efectivo de condiciones académicas, organizativas y de infraestructura. Esa formulación ya no pertenece al lenguaje de una autoridad que solo verifica legalidad o persistencia de requisitos mínimos de habilitación, sino a las prerrogativas de una instancia que evalúa la implementación, desarrollo y calidad de las carreras e instituciones. Por eso aquí no hay una...
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