Las economías de América Latina y el Caribe (ALC) atraviesan un escenario marcado por transformaciones económicas, sociales y demográficas, en un contexto internacional caracterizado por tensiones geopolíticas, incertidumbre comercial y desafíos vinculados al cambio climático y a la transición hacia modelos de desarrollo más sostenibles. Este entorno condiciona las perspectivas de crecimiento de la región, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad de los Estados para responder a las crecientes demandas sociales de la población.
En este contexto, la política fiscal adquiere un rol central como herramienta para sostener el desarrollo económico y social. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sostiene que la región necesita avanzar hacia políticas públicas más integrales y coordinadas, respaldadas por instituciones sólidas capaces de garantizar continuidad y gestionar los conflictos distributivos. El objetivo consiste en construir un modelo de desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible, que combine crecimiento económico, reducción de desigualdades y sostenibilidad ambiental.
Para alcanzar estos objetivos, no solo resulta necesario ampliar los recursos disponibles, sino también mejorar la calidad del gasto público y la eficiencia de los sistemas tributarios. En este sentido, los instrumentos fiscales cumplen un papel estratégico, especialmente aquellos orientados a canalizar apoyo social de forma eficiente, transparente y equitativa, garantizando el acceso a servicios esenciales como salud, educación, vivienda, protección social y empleo.
Dentro de estos instrumentos, los gastos tributarios orientados a objetivos sociales tienen una relevancia significativa en la mayoría de los países de ALC. Estos mecanismos consisten en tratamientos tributarios preferenciales que reducen la carga fiscal de determinados contribuyentes, sectores o actividades con el objetivo de apoyar a hogares, personas o áreas consideradas prioritarias desde el punto de vista social. Entre las modalidades más utilizadas se encuentran exenciones, deducciones, créditos fiscales, alícuotas reducidas y diferimientos impositivos.
De acuerdo con la CEPAL y Oxfam Internacional, el gasto tributario representa los ingresos que el Estado deja de percibir debido a la aplicación de estos tratamientos diferenciales, con la finalidad de alcanzar determinados objetivos de política pública. Estos incentivos pueden dirigirse tanto a personas y hogares, mediante beneficios vinculados al gasto en salud o educación, como a empresas u organizaciones que proveen bienes y servicios sociales.
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