En la Constitución de 1967 ya estaba prevista la prisión de un parlamentario, razón por la cual en la Convención Nacional Constituyente para la Carta Magna de 1992, ni siquiera se discutió este punto. Lo que se debatió y aprobó fue que el juez tenía que pedir el desafuero del legislador antes de procesarlo, lo que no ocurría antes.
Según el artículo 142 de la Constitución de 1967, un legislador podía ser procesado sin ser desaforado. Solo cuando el juez iba a decretar su prisión, tenía que solicitar a la Cámara que le suspenda su inmunidad, para ser privado de su libertad.
Es por esta razón que en la Convención Nacional Constituyente para la Carta Magna de 1992, ni siquiera se debatió este punto. Lo que sí se discutió y aprobó que es a partir de la vigencia de nueva Constitución, es que el magistrado antes de procesar a un parlamentario tenía que solicitar su desafuero a la Cámara respectiva.
El convencional Bernardino Cano Radil dijo que en la Carta Magna de 1967 se podía eventualmente perseguir a los parlamentarios con auto de procesamiento simplemente. “Entonces, no llegaba la Cámara a juzgar sino hasta el auto de prisión, digamos. Lo que nosotros queremos es proteger la inmunidad, que llegue en el momento del procesamiento como tiene la Constitución de España por ejemplo ¿para qué?, para que en la Cámara respectiva pueda intervenir desde el auto de procesamiento como dice claramente el texto cuando se formare causas ante los Tribunales Ordinarios contra un senador, la que...
“Entonces, (el procesamiento) es una espada de Damocles que estaba permanentemente sobre su condición de parlamentario. Modernamente se recomienda que la inmunidad abarque incluso el procesamiento. La Constitución de España claramente le protege desde el acto de procesamiento no del acto de prisión preventiva, esa es la explicación que hemos tomado en cuenta en la Comisión N° 3 y si algún otro miembro quiere ampliar, ese el sentido de la norma”, agregó Cano Radil.
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