Héctor PereiraCaracas, 1 feb (EFE).- La negociación política en Venezuela cumple este jueves una semana en "terapia intensiva", como la declaró el presidente Nicolás Maduro cuando denunció, por enésima vez, que la oposición planeaba matarlo, lo que ha agitado las aguas en un país que, en medio del maremoto, se encamina hacia unas elecciones presidenciales este año.
Al presagio del mandatario le siguieron acontecimientos que dinamitaron los puentes para el diálogo entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora, que acusa al chavismo de haber violado parcialmente los acuerdos firmados en Barbados en octubre, cuando las partes pactaron un conjunto de garantías para los comicios.
Mientras el supuesto plan magnicida disparó las alertas del Ejecutivo, la PUD alzó la voz luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificase que su candidata para las presidenciales, María Corina Machado, tiene un impedimento para competir en elecciones hasta 2036, lo que desencadenó la condena de buena parte de la comunidad internacional.
Desde entonces, las partes se han acusado mutuamente del rompimiento de los acuerdos, pero, al menos, coinciden en la necesidad de instalar una comisión que verifique lo pactado y los hechos de los últimos días para determinar responsabilidades y, en el mejor de los casos, reencauzar la negociación, algo que parece poco probable a juzgar por los discursos de cada lado.
El Supremo, como se había acordado en la mesa de diálogo, revisó las inhabilitaciones que pesan sobre opositores y, en ese sentido, decidió levantar la sanción a cinco políticos y ratificar la del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y la de Machado, que acapara los índices de popularidad en casi todas las encuestas.
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