“Los responsables son las personas que destruyeron todo lo que se edificó y ellos son el ministro (del MOPC) y el presidente anterior”.
A través de gestiones de la Procuraduría General de la República y la asesoría jurídica de la Presidencia se logró evitar el pago de USD 16 millones al consorcio Mota Engil por la obra del metrobús.El procurador, Marco Aurelio González, resaltó este importante ahorro para el Estado y además enfatizó en que quedó demostrado que el daño principal fue la demolición de la obra que se había hecho hasta ese momento.“Finalmente, si hablamos de un daño, lo que yo veo es que se pagó el dinero por una obra que fue demolida y para mí la demolición es el perjuicio que existe sobre las arcas del...
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