Con motivo de la entrada en vigencia de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, Nº 5016/2014, el tipo penal de exposición a peligro del tránsito terrestre, previsto en el artículo 217 del Código Penal Paraguayo, ha sufrido una modificación, la cual no está exenta de polémicas. Así, la novel ley de tránsito, en su capítulo único sobre las disposiciones transitorias y complementarias, introduce la modificación del tipo en cuestión con la siguiente redacción:
Artículo 153. Modificación. Modificase el artículo 217, numeral 1 de la Ley Nº 1160 “Código Penal Paraguayo” Exposición al peligro en el tránsito terrestre, quedará redactado de la siguiente manera:
1) Condujera en la vía pública un vehículo pese a no estar en condiciones para hacerlo con seguridad a consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas, dando un resultado superior al límite máximo de miligramo de alcohol por litro de aire exhalado o gramo de alcohol por litro de sangre establecido como falta gravísima en la Ley de Tránsito, u otras sustancias estupefacientes o sicotrópicas legales o no, de defectos físicos o psíquicos, o de agotamiento, que alterasen notoria o legamente su habilidad para conducir”.
Los cuestionamientos que se le dirigen a la reforma en cuestión, principalmente, tienen que ver con la técnica legislativa utilizada para llevar adelante la reforma ya que no parece del todo adecuado, modificar el Código Penal Paraguayo por medio de la ley de tránsito, una ley que más que nada rige en el ámbito administrativo y cuyo único fin debe ser reglamentar una actividad peligrosa como es el tránsito de vehículos.
Ahora bien, más allá de esta cuestión, el plato fuerte de la reforma tiene que ver con la cuestión de fondo, donde, por un lado, se denota la clara voluntad del legislador en cuanto se refiere a la necesidad de acotar el ámbito de aplicación del tipo en cuestión y por el otro, una redacción de la figura típica, que poco favor hace, a una unívoca interpretación. Ya si antes esta figura era cuestionada, la reforma vino a enturbiar un poco más la cuestión, a pesar de la sana intención del legislador, que parece apuntar a un derecho penal mínimo y de exclusiva protección de bienes jurídicos,...
Leer la nota completa en Diario ABC